lunes, 28 de octubre de 2013

Carta abierta al Ministro Gallardón en relación a la reforma del Código Penal


A continuación se reproduce la carta abierta que se le ha hecho llegar al Ministro de Justicia en la que se le pide que de marcha atrás en la reforma del Código Penal, en el que si incluye, entre otras modificaciones la relación directa entre el término ‘peligrosidad’ y las personas con enfermedad mental.

Sr. Ministro de Justicia;
El motivo de este escrito es transmitirle nuestra extrema preocupación y oposición ante  algunos de los aspectos contemplados en el Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del . Al igual que la  Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental () reclamamos, por inapropiado y falta de rigor, la retirada del término “peligrosidad” asociado al trastorno mental de este Proyecto de Ley Orgánica.
Como propuesta alternativa, consideramos que en su lugar puede indicarse “situación de riesgo por carecer de una  integral y adecuada” evitando la automática equiparación de la peligrosidad con el trastorno mental.
Además de esta reivindicación, creemos que la aplicación como medida de seguridad de los internamientos en centros psiquiátricos prorrogable por un plazo ilimitado de tiempo para personas consideradas inimputables y la libertad vigilada de las personas con trastorno mental en previsión de actos que ni siquiera han cometido, soniniciativas absolutamente discriminatorias y estigmatizantes que vulneran directamente sus derechos y que se contradicen con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de obligado cumplimiento en España, como país firmante de la misma.
Apelamos a su responsabilidad política y a su comprensión para que, lejos de promover que las personas con trastorno mental queden sin más remedio atendidas por un régimen penitenciario que ni de lejos está preparado para hacerlo, como bien debe de ser, lo estén en un entorno de atención sociosanitaria con todas las garantías de recibir un tratamiento integral y adecuado enfocado a su recuperación e inclusión social.
Como complemento a nuestra reclamación, adjuntamos un documento con enmiendas al Proyecto de Ley y una propuesta de medidas terapéuticas con las que se podría garantizar esa atención adecuada elaborados ambos por la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, entidad con una base social formada por más de 45.000 personas y 290 entidades distribuidas por todo el Estado.
Esperamos que tenga en cuenta nuestra petición y que colabore en la erradicación del estigma y la discriminación de las personas con trastorno mental, motivada enormemente por la desinformación y el miedo a lo desconocido esto es, al trastorno mental, por parte de la sociedad.
Consideramos que el Ministerio de Justicia es, precisamente, el organismo más legitimado y apropiado para garantizar los derechos de la ciudadanía. Rogándole que no se olvide de que las personas con trastorno mentaltambién son ciudadanos de pleno derecho, como cualquier otra persona, independientemente de su diagnóstico, me despido atentamente

http://feafes.org/sala-prensa/asociaciones-personas-enfermedad-mental-familiares-contra-reforma-codigo-penal-17766/

domingo, 20 de octubre de 2013

“Beatriz, ¿por qué nadie me frenó antes de matar a papá?”

Recinto de Fontcalent que alberga el psiquiátrico penitenciario de Alicante. / PEP GARCÍA
Jesús F. S. perdió diez kilos en 30 días. Se los tragó la impotencia y el sufrimiento de ver que a su hijo, con solo 30 años, se lo había comido la locura (una grave esquizofrenia) y se había convertido en una inconsciente máquina de hacer daño: a sus padres, a sus vecinos y a él mismo... Desesperado, Jesús, de 62 años (acompañado de su esposa Guillermina), pidió ayuda al juez de tutelas y a los servicios sanitarios del 061 de Santander. Y no hicieron nada.
Aquella inacción acabaría acarreando terribles consecuencias a toda la familia. Aun hoy, cuatro años después de la tragedia, ni el Poder Judicial ni el Gobierno cántabro, como responsable del 061, asumen responsabilidad alguna en lo ocurrido. Pese a que están denunciados. A Guillermina se le enrojecen los ojos cuando evoca aquella noche de locura. La que le tocó vivir en la casa que la familia posee en un pequeño municipio cercano a Santander el 22 de diciembre de 2009 (se omiten datos concretos identificativos por las patologías mentales de algunos de los protagonistas).
Si el juez o el 061 se hubiesen movido mínimamente, probablemente ni Jesús F. S. estaría hoy muerto ni su hijo, que también se llama Jesús, en el centro psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, en Alicante. Penado con 15 años de internamiento por el homicidio de su padre. Pese al gravísimo delito, fue absuelto. Es inimputable. No distinguía el bien del mal. Es un enfermo.
El juez envió a la familia al 061 y este al juez, que ha sido “incapacitado”
Sus padres se presentaron el 7 de diciembre de 2009 ante el entonces juez de tutelas de Santander, Antonio F.-D. Iban muy nerviosos y portaban un informe del psiquiatra habitual de Jesús. El doctor prescribía la necesidad de internarle con urgencia en psiquiatría del hospital Marqués de Valdecilla. No era para menos. Pocos días antes le había dado una paliza a su padre (y fueron varias). Y empezaba a acumular denuncias de algunos ancianos de la zona a los que, inopinadamente, había golpeado. La enfermedad venía de lejos, pero tomaba la medicación y nunca había dado problemas. Un chico normal. Hasta que, según la familia, dejó el tratamiento (unos dos meses antes de la tragedia) con autorización del psiquiatra. Sin las pastillas se notaba eufórico, conversador, ágil, hacía deporte... Y quería sentir una vida más normal.

“No pararemos hasta hallar justicia”

La familia de Jesús F. S. cree que su muerte estuvo precedida de un grave error judicial y por eso ha llevado este asunto ante el Consejo del Poder Judicial. Pero este órgano emitió un informe en el que entiende que el Estado no tiene ninguna responsabilidad a efectos de una indemnización por el dolor y el daño moral causados a esta familia. Y así lo ha informado al Ministerio de Justicia, que también rechazó reconocer el error.
La política del Consejo del Poder Judicial, en aras de la independencia judicial, es que solo un tribunal superior del órgano judicial implicado puede dictaminar si un juez ha adoptado una decisión incorrecta. La familia no se ha arredrado y también ha acudido a los tribunales ordinarios, a la Audiencia Nacional, frente a la decisión del ministerio y del Poder Judicial de no reconocer que la inacción del juez de tutelas contribuyó a la muerte del padre. En julio pasado fue el juicio. La sentencia está a punto de salir. “No vamos a parar hasta que se haga justicia”, apunta Beatriz, que también se pregunta: “¿Quién controla a quienes rigen nuestras vidas y de cuyas decisiones dependemos. Y no hablo sólo de jueces, también de médicos, funcionarios…?”.
Pero empezó a fabricar en su mente enemigos irreales. Y cuanto más próximos, más odio. Sin motivo. Tras dejar la medicación, convirtió el chalé en el que convivía con sus padres (enclavado en el monte y rodeado de árboles y prados) en un infierno. Pronto vino la paliza a su padre, y golpes a ancianos (“no me gustan los mayores”, decía). Provistos del informe médico, acudieron al juez de guardia, que les remitió a su colega de Primera Instancia número 11, el que en Santander se encarga de tutelar a quienes no se gobiernan a sí mismos.
El juez entendió que la agresión paterna no era un asunto tan grave. Y envío al matrimonio al 061 para que fueran ellos los que actuaran. Se toparon con la irracionalidad. El coordinador del 061 comunicó a Guillermina (está grabado y consta en el sumario) que, para internar involuntariamente a Jesús, debían conseguir una orden del juez. “No, no, el juez nada; si estuvimos directamente hablando con él, y nos dijo que no, que ellos no ingresan a nadie (…) que tiene que hacerlo el 061 y luego él ratifica”, replicaba la madre. El diálogo es una antología de la impotencia de una madre que acude a un sitio y desde este la mandan a otro y desde este otro al mismo, y así sucesivamente. Los padres volvieron a casa desolados. No sabían qué hacer. El juez los había mandado al 061 y el 061 al juez.
Días después, en la madrugada del 20 de diciembre de 2009, la esquizofrenia se apoderó por completo de Jesús. Eran las dos de la madrugada. Y Jesús se cegó “con quien más había querido en el mundo; eran inseparables: mi padre”, cuenta Beatriz, la hermana mayor. Asió un cuchillo, entró en el dormitorio de sus padres y acuchillo a su progenitor. Guillermina se interpuso y resultó herida. “Mi madre me llamó sobre las tres y media de la madrugada, y me dijo que estaba en el hospital de Valdecilla. Cuando llegué, no sabía que mi padre estaba muerto...”, recuerda Beatriz.
El magistrado que rehusó internarle fue luego ingresado en otro psiquiátrico
Semanas después su hermano sería trasladado al psiquiátrico de Alicante. El padre fue incinerado en medio de un fuerte dolor vecinal: Guillermina es muy querida y conocida por haber sido durante muchos años la practicante de la zona. Durante los dos meses siguientes al crimen, Jesús estuvo como “en una nube”. No se acordaba de nada. Su madre y hermanas eran un mar de dudas. ¿Cómo reaccionaría si le visitaban? ¿Le daría una nueva crisis? Cuando le visitaron era una persona normal. Coherente. Y era consciente de lo que había hecho. Ahora sí se toma la medicación y está considerado un interno modélico. Solo quiere ayudar a los demás internos.
El reencuentro entre rejas con su familia fue muy triste, de nudos en el estómago. “Beatriz, ¿cómo no me paró nadie antes de hacer eso?”, comentó a su hermana en Fontcalent. La familia tiene claro que el juez debió actuar. ¿Cómo? Enviando urgentemente al forense a reconocer a Jesús. Y redactando un auto ordenando al 061 su internamiento. No podía seguir así: los enfrentamientos con su padre eran frecuentes en casa. Y algunos ancianos (“no me gustan las personas mayores”, decía) de la zona se apartaban a su paso para que no les golpeara. Y crecían las denuncias por lesiones. Sin embargo, la única vez que la Guardia Civil se presentó en casa fue, no por la agresión al padre, ni a los ancianos, sino por dejar a deber diez euros en una gasolinera, se lamenta Beatriz.
No hay una estadística judicial específica, pero son frecuentes las denuncias de padres maltratados por hijos (no diagnosticados) que esconden graves trastornos mentales. Lo dicen así los fiscales de menores en sus memorias de actividades. ¿Es el juez o son los servicios sanitarios los que debieron ordenar la hospitalización de Jesús? El juez decano de Santander, José Arsuaga, señala que desde 2008 para los internamientos involuntarios se estableció un protocolo, según el cual la misión de trasladar (no internar) a un enfermo a un hospital psiquiátrico compete al 061 y no al juez. Y que solo si el psiquiatra del hospital ratifica el internamiento, en un plazo de 72 horas el juez y el forense han de visitarlo y asumir su tutela. En cambio, el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala: “El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí (...) requerirá autorización judicial (...) La autorización será previa a dicho internamiento”. Es decir, la ley encomienda ese cometido al juez (se trata de una medida de privación de libertad).
El juez que eludió internar a Jesús, de unos 50 años, ha sido jubilado anticipadamente por el Consejo del Poder Judicial. Por “incapacidad permanente” para ser juez. Y no por su supuesta inacción en el caso de Jesús, sino porque también sufre un grave trastorno mental. En agosto de 2011, se desplazó a Málaga y supuestamente acosó a una colega suya, que le denunció. La policía de Málaga se lo llevó primero a comisaría, sin detenerle, aunque opuso gran resistencia. Un colega suyo de Málaga ordenó ipso facto su internamiento involuntario en un hospital psiquiátrico, sin tener que acudir a ningún 061. “¿Por qué tuvo que morir mi padre? ¿por qué nadie frenó a Jesús?”, se pregunta aún hoy la familia.


quiero agradecer a Marta por el enlace

sábado, 19 de octubre de 2013

5è Congrés Català de Salut Mental. vídeos


A continuació podeu visionar les intervencions que van tenir lloc en el plenari del 5è Congrés Català de Salut Mental, que anirem afegint durant les properes setmanes:

http://5congres.fccsm.net/videos-5e-congres/

ponencias de Gianni Tognonni; Itziar González; Alberto Fernández y Begoña Román


miércoles, 16 de octubre de 2013

GALLARDÓN PERMITE EL INTERNAMIENTO PERPETUO DE LOS ENFERMOS MENTALES: Cortesía de un amigo

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El controvertido y reaccionario Código Penal que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy no sólo ha hecho saltar las alarmas entre jueces, abogados y activistas, que lo han tachado en repetidas ocasiones de “inconstitucional”. Para las asociaciones que trabajan con enfermos mentales, el anteproyecto “vulnera los derechos civiles, cercena las libertades de la mayoría de la población y atenta contra los preceptos de la Constitución”. El motivo de su crítica es que el nuevo reglamento permitirá que una persona permanezca encerrada incluso por delitos que no ha cometido, es decir, en previsión de los que pueda cometer en el futuro. Hasta ahora, a ninguna persona con enfermedad mental que hubiese cometido un delito —y se la declarase inimputable por ello— se le podía imponer una pena porque no se le declaraba jurídicamente responsable del delito del que había sido autora. En su lugar, se aplicaba una medida de seguridad, privativa o no de libertad, que normalmente consistía en un internamiento psiquiátrico que nunca podía tener una duración superior a la de la pena que se le hubiese impuesto en caso de ser imputable. Ahora, como el nuevo texto tipifica a la persona con trastorno mental como “sujeto peligroso”, el enfermo puede permanecer en un centro psiquiátrico indefinidamente hasta que desaparezca la peligrosidad.
Para los expertos, éste un error de concepto. “Las personas con trastornos mentales no son peligrosos de por sí, pueden serlo si no están bien tratadas o no se ha descubierto el trastorno que sufren”, explica José María Monge, presidente de la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes). “Se confunde a los enfermos mentales que sufren un brote psicótico en un momento determinado y cometen un delito con los psicópatas, que sí entienden que están cometiendo un delito, lo quieren cometer y se alegran de hacerlo”, aclara.
Además de ese internamiento en un centro psiquiátrico por un periodo de tiempo indefinido, a las personas con enfermedades mentales se les impondrá otra medida de seguridad también indefinida: la libertad vigilada. Esta medida no privativa de libertad —que dura un mínimo de tres años y un máximo de cinco prorrogables indefinidamente— se podrá convertir en indefinida para los enfermos mentales porque el juez no levantará ese castigo hasta que el encerrado demuestre que no es peligroso y el magistrado considere que ya no necesita esa libertad vigilada. Es decir, que esta medida ya no estará relacionada con la duración de la supuesta pena, por lo que el enfermo mental no sabrá nunca hasta cuándo durará su internamiento psiquiátrico, “su sentencia poseerá un plazo definido, pero no definitivo”, señala la Consultoría y Docencia en Salud Mental Al. an. De esto modo, se antepone la supuesta peligrosidad de la persona a los delitos realmente cometidos.
“Es una aberración total de concepto. El ministro Gallardón está desenfocando el tema porque no se está juzgando a los enfermos mentales adecuadamente a su patología”, denuncia Monge, que además señala que “un juez no es quién para valorar la peligrosidad de una persona”. Las asociaciones firmantes del Manifiesto contra el Anteproyecto de Reforma del Código Penal señalan además que “la peligrosidad es un concepto especulativo, atribuido arbitrariamente y que no necesita basarse en hechos para aplicarse”, por lo que “puede servir, en un contexto de descontento y contestación social, para criminalizar y neutralizar la disidencia”. Advierten además de que gran parte de los diagnósticos de salud mental se catalogan como crónicos, de modo que la peligrosidad asociada a estas patologías también se concebirá como crónica y también las medidas de seguridad que se impongan. “De este modo, recibir un diagnóstico de salud mental puede ser una condena a perpetuidad”, alertan ActivaMent Catalunya Associació, Associació Sociocultural Radio Nikosia, Associació Bipolars de Catalunya, Associació AADDMM Terraferma, Associació Mentaliza’t, Saräu Associació d’Oci Inclusiu, Associació Emilia Barcelona, Castelldefels Associació de Malalts Mentals, Associación Grupo de Teatro Imagina y Asamblea de Majaras.
Al margen de que el texto es incompatible con la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, según los expertos, la Feafes señala que el error que comete el ministerio es “no contemplar que un enfermo mental tratado adecuadamente pueda recuperarse y dejar de tener brotes psicóticos”, señala Monge: “Es absolutamente descorazonador”, concluye.

Agradecemos al blog http://stopestigma.wordpress.com/2013/10/16/articulo-visto-y-publicado-al-menos-en-publico-es/ por dicha información.

martes, 1 de octubre de 2013

Bioética: Justicia y vulnerabilidad

La aplicación del principio de justicia requiere una reflexión crítica permanente, que no siempre se lleva a cabo con el rigor y el sentido práctico necesarios; esta obra pretende facilitar esta tarea en les àrees indicades.

Los autores de este libro han llevado a cabo un esfuerzo extraordinario para aportar una reflexión novedosa sobre la relación entre justicia y vulnerabilidad que se produce en la realidad de nuestra vida cotidiana actual, con especial referencia a los problemas bioéticos, a la grave vulnerabilidad de ciertas personas o grupos sociales y a la manera de orientar las decisiones que hay que tomar ante ellos.


En el siguiente enlace podéis ver el índice de los autores