El TC ampara a un enfermo bipolar internado en contra de su voluntad

El internamiento involuntario por trastorno psiquiátrico de un hombre en el Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, el 2 de mayo de 2007, lesionó su derecho a la libertad personal. Así lo establece el Tribunal Constitucional, en el primer recurso de amparo en el que se enjuicia un caso de internamiento psiquiátrico urgente desde la óptica del derecho fundamental a la libertad personal.

Se le diagnosticó un trastorno bipolar y fue ingresado de urgencia en la Unidad Mental del hospital. La decisión fue comunicada al día siguiente al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 16 de Granada, que no la resolvió en el plazo de 72 horas. De hecho, lo hizo cuando el enfermo ya había recibido el alta médica, que fue el 16 de mayo del mismo año.

El fallo hace un llamamiento para
que regulen este tipo
de situaciones

El juzgado ratificó la medida de internamiento y esa decisión fue confirmada después por la Audiencia de Granada. El TC declara ahora la nulidad de esos autos y que se ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad personal. La sentencia, no obstante, tiene efectos “puramente declarativos” ya que el recurrente está en libertad desde que recibió el alta médica.

Además, el mismo pidió el archivo del recurso por la pérdida de “interés legítimo”, si bien el alto tribunal le confiere una “innegable importancia social” al tratarse de un colectivo “especialmente vulnerable”, como es el de las personas con discapacidad mental, y entra en el fondo del recurso por “razones de interés público”.

Según consta en la sentencia, la lesión del derecho a la libertad personal se produjo de tres formas. La primera, ya referida, por incumplir los plazos legales. En concreto, el juzgado incurrió en un “exceso” de 14 días respecto a la fecha de vencimiento del plazo legal. En el auto ni se intentó excusar y se pronunció el juez como si el trámite hubiera discurrido con “total normalidad”, subraya el Constitucional que también critica que la Audiencia lejos de censurar este hecho lo calificara como “leve y razonable demora”. Del 7 al 16 de mayo el recurrente estuvo “privado ilegalmente de su libertad”.

En segundo lugar, el TC considera que se vulneró su derecho al no haber recibido el recurrente la información necesaria sobre sus derechos en el procedimiento, ni en cuanto a designar abogado para su defensa, ni sobre la práctica de posibles pruebas. El hombre, que estaba en conflicto con su esposa, a iniciativa de la cual se produjo el internamiento, solicitó sin éxito que se escuchara a sus hermanos.

Por último, según el TC, la ratificación de la medida de internamiento carecía de la motivación que exige este tipo de casos. El juzgado consideró “correcta y adecuada” la medida con un informe de un folio del hospital universitario, el acta de examen judicial personal del recurrente y el informe del médico forense. Y ese material, según el alto tribunal, “no permite” llegar al diagnóstico que el juez describió y debió solicitar al menos “aclaraciones o ampliaciones” de su informe al médico forense.

El alto tribunal pide además al legislador que, a la mayor brevedad posible, regule la medida de internamiento no voluntario por razón de trastorno psiquiátrico mediante ley orgánica y, recuerda en la resolución, que ya efectuó tal petición en el pasado, sin éxito.

El País, http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/16/actualidad/1342443584_313799.html

Retratando la vida de los enfermos mentales con un corto

El hospital Benito Menni ha pasado estos días de funcionar como un hospital a ser un pequeño plató de cine. Dentro de sus muros se está grabando un corto que retrata la vida de las personas con enfermades mentales y la de sus familias.

La novedad recae en que los actores son protagonistas de la historia en su vida real. Son personas que han vivido la enfermedad en primera persona, como Pilar, cuyo hijo padece esquizofrenia. Y es que gracias a centro como el Benito Munni, estas personas tiene la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, de llevar una vida normal.

"El corto trata de lo poco integrados que están y cuanto podían estar integrados", con estas palabras Jonatan, director del corto, expresa la finalidad del mismo y lo que pretendía conseguir con él. Los medio técnicos y humanos los pone una escuela vallisoletana de imagen y sonido, y como expresan sus integrantes, esto le hace reflexionar a uno.

Fallece Tony Nicklinson, británico con parálisis que luchó por su derecho a morir

Tan sólo una semana después de perder su última batalla ante la justicia para que se le reconociera el el derecho a una muerte digna, el británico Tony Nicklinson, un hombre de 58 años paralizado de cintura para abajo desde hacía siete años, ha fallecido esta mañana por “causas naturales”. La policía de Wiltshire, su condado de residencia en Inglaterra, parece no cuestionar el dictamen médico de deceso por neumonía, puesto que ha declinado la apertura de una investigación.

Nicklinson llevaba siete días rechazando cualquier tipo de alimentación cuando le sobrevino la muerte, o el final de lo que él mismo calificó de “una pesadilla en vida”, a las 10 de la mañana (hora local). Tomó esa decisión tras conocer la sentencia de la High Court (Alto Tribunal) en la que tres jueces estimaban que no les corresponde a ellos modificar la legislación según la cual “la eutanasia voluntaria equivale a un asesinato”. Aquel día lloró ante las cámaras y denunció la “cobardía” de una justicia que persigue a los médicos y familiares dispuestos a ayudar a morir a un paciente terminal, aunque en la práctica ello no siempre sea así.

“Temo por el futuro y por las miserias que me acarreará”, explicó a través de la pizarra electrónica que se había convertido en su medio de comunicación con el mundo desde que un ataque de apoplejía le dejara sin habla y paralizada casi todo su cuerpo en 2005. Un año antes de que Nicklinson sufriera aquel infarto cerebral durante un viaje de trabajo en Atenas, ya había firmado una directiva a través de la cual rechazaba cualquier tipo de tratamiento de apoyo en el supuesto de convertirse en un enfermo terminal. La enfermedad que le sobrevino meses después recibe un nombre bien gráfico en inglés: ”the locked-in syndorme”, esto es, el síndrome del cautiverio.

Desde siempre defensor del derecho a decidir sobre la propia vida, ya presa de ese síndrome se erigió en un activista parra exigir el cambio de la legislación vigente con la ayuda de sus familiares y allegados. La prensa británica ha estado difundiendo en los últimos meses reportajes con fotografías y relatos sobre el hombre que fue (sano y activo), en contraste con enfermo sin esperanza en que se había convertido. Su rostro era, por tanto, familiar entre el público británico –muy dividido sobre el derecho o no a una muerte digna- cuando fue anunciado su fallecimiento a las dos horas de producirse.

Tony Nicklinson presentó su caso ante la justicia en 2010, meses después de que la también inglesa Debbie Purdy aquejada de esclerosis múltiple, consiguiera que la Cámara de los Lores (última instancia judicial en el Reino Unido) le dieran la razón en una primera batalla legal contra el gobierno. Confinada a una silla de ruedas, Purdy exigía que se clarificase si su marido sería procesado en el supuesto de que la ayudara a desplazarse a una clínica de Suiza para poner fin a su vida considerado el momento. La sentencia avaló su demanda y forzó a la fiscalía a modificar ciertas normas sobre el suicidio asistido, aunque sólo para que fueran más nítidas y no hasta el punto de descartar la penalización de aquellos que ayuden al enfermo a ejecutar la eutanasia.

Nicklinson luchaba en los tribunales para intentar revertir esa situación. Temía que se presentaran cargos contras sus allegados si le asistían en su empeño de morir, porque, a diferencia de Debbie Purdy (todavía hoy dotada de la capacidad para desplazarse en avión a Zurich), él carecía de toda movilidad para acabar con una vida “ insípida, miserable, denigrante, indigna e intolerable”.

El País, 22 de agosto 2012

Ni me atienden en el ambulatorio ni me dan medicinas

A partir del 1 de septiembre se restringirá la asistencia sanitaria a más de 150.000 'sin papeles'

Hace más de un mes que Carlos no tiene tarjeta sanitaria. No puede ir al médico en la sanidad pública ni obtener recetas. Lleva días paseando su caso por los centros de salud de Zaragoza, pero sin respuesta. Carlos es un inmigrante sin papeles. Ha perdido la residencia legal en España y con ella el derecho a la atención médica. Una asistencia que necesita para tratar la esquizofrenia paranoide que sufre. Este colombiano de 26 años no puede costearse un psiquiatra privado. Tampoco los más de 300 euros al mes que cuestan los fármacos que toma para controlar su trastorno. Depende por completo de la ayuda de una ONG que le proporciona cuidados y la medicación. Una sanidad de beneficencia que no puede compararse a la que reciben el resto de ciudadanos.

Y un canal al que, si no cambian las cosas, se verán abocadas a partir del 1 de septiembre más de 150.000 personas que viven en España en situación irregular. Ese día se hará efectivo el decreto del Gobierno que restringe la asistencia sanitaria para extranjeros sin papeles. Las autoridades desactivarán sus tarjetas sanitarias —salvo las de los menores y las embarazadas— de modo que solo podrán acudir a urgencias.

El Ministerio de Sanidad insiste en que los enfermos crónicos seguirán siendo atendidos; aunque no aclara cómo. Por eso, el caso de Carlos (prefiere que se le llame así), que se adelanta a lo que puede ocurrir dentro de poco más de dos semanas porque su tarjeta ya ha caducado, no augura que la situación esté en absoluto resuelta.

“Ya no me atienden en el ambulatorio. Me dicen que como no tengo papeles no me pueden dar otra tarjeta sanitaria. Ni las medicinas...”, explica abatido. Mientras, la consejería de Sanidad de Aragón encuentra “extraño” que situaciones como la que afronta este colombiano se estén produciendo. “Se está atendiendo a todo el mundo”, asegura una portavoz. Pero a Carlos no se le atiende. De hecho, ante la imposibilidad de solucionar su caso, y el riesgo de una recaída o de un brote, la trabajadora social de su centro de salud le derivó a la consulta de salud mental que tiene Médicos del Mundo en Zaragoza. “Ahora son ellos quienes me están haciendo el favor de atenderme”, dice el hombre.

Carlos llegó a España hace seis años. Fue en Aragón, al poco de llegar, cuando le diagnosticaron el trastorno que padece. Le trataron y desde entonces ha estado medicado. “Estaba bien, hasta ahora iba cada 14 días a que le inyectaran la medicación al centro de salud y luego a la consulta del médico. Pero ya no puede”, informa Fernanda, su pareja. Ella, ecuatoriana, sí está en situación regular en España. Trabaja y, de hecho, está de baja por maternidad de su primer hijo, que acaba de cumplir un mes. Su sueldo es el único que entra en casa. “Cuando nos dijeron que teníamos que pagar todas las medicinas casi me muero. Es imposible. ¡No podemos hacerlo!”, exclama.

Carlos explica que las cosas no siempre fueron así para él. Trabajó casi desde el momento en que puso un pie en España “en lo que salía”. Hizo de mozo de almacén, repartidor de pizzas, peón de obra. Cuando este último contrato se le acabó no encontró otro empleo. “Metí currículos en todos los sitios, en polígonos, en empresas de construcción. Y nada. No sale nada”, explica. Así, como otros muchos golpeados por la crisis, terminó por agotar el paro y la prestación por desempleo y, por último, por perder la residencia legal. Sin embargo, lo que más le preocupa es la asistencia sanitaria. “Es por necesidad. Sé que si no voy al médico me pongo peor”, dice.

Erika Chueca, de Médicos del Mundo Aragón, subraya que su centro solo puede ofrecer —a Carlos y a otros— una consulta psiquiátrica al mes. “Además, hemos tenido que cambiarle la medicación por otra más antigua y con más efectos secundarios porque no podíamos costear la que él recibía. Pero al menos tiene tratamiento”, dice. Chueca reconoce que su organización, como otras dedicadas a la asistencia sanitaria, no tiene capacidad para atender por completo a los pacientes. Y menos para absorberlos a todos, tengan la enfermedad que tengan, si el Gobierno decide atenderlos a través de ONG como, en un principio, propuso la ministra Ana Mato. “No tenemos los medios de la sanidad pública. Nuestros médicos son voluntarios y dependemos de acuerdos con hospitales para las pruebas diagnósticas. Y luego está la medicación... Somos un apoyo, un apoyo que además tiene cada vez menos fondos”, abunda.

El País, 14/08/2012