"Si la mujer no está conforme, es libre de pedir plaza en otro centro". Es lo más cerca que estuvo ayer la Comunidad de Madrid de aportar una solución al caso de Dolores Martón, la mujer que quiere que retiren la sonda nasogástrica y apliquen cuidados paliativos a su tía, Carmen López Domínguez, de 91 años, con demencia, sorda y ciega y ulcerada. Con ello se desentiende de hacer cumplir la ley de autonomía del paciente, que estipula que una persona puede rechazar un tratamiento si lo desea. La Consejería de Sanidad negó que tuviera que intervenir, y remitió a la de Asuntos Sociales, que es la que tiene concertado el servicio con la residencia de Leganés donde malvive la anciana. Un portavoz de esta última afirmó que el centro "no es un hospital, y en él la mujer recibe los cuidados sociales que su situación requiere; aunque también los que su centro sanitario de referencia haya pautado". Por eso, "si tuviera que producirse un cambio, corresponde a su centro sanitario decidirlo", insistió el representante del departamento que dirige Salvador Victoria. Y señaló que eso debe hacerse con un criterio "estrictamente médico, que excede a las competencias de esta consejería".
Para el ministerio, este caso es una prueba de la pertinencia de la ley de muerte digna que ha enviado al Congreso. "Con ese marco jurídico pretendemos evitar interpretaciones sesgadas que perjudiquen a los ciudadanos, aportar seguridad jurídica a los profesionales, y garantizar a los pacientes y sus familiares que recibirán el mejor tratamiento para paliar su sufrimiento en el proceso final de su vida", afirmó el portavoz. "Hay comunidades en las que estas garantías ya existen porque cuentan con una regulación propia que garantiza el acceso a los tratamientos para paliar el dolor, pero hay otras donde no existe esta normativa".
Precisamente esa idea, la de que este caso justifique la ley de muerte digna, es la que ha levantado las críticas de la organización Derecho a Vivir, que en un comunicado pidió a Pajín que "deje de utilizar a los enfermos y los ancianos para meter con calzador la eutanasia en el BOE".
Mientras se producían estas reacciones, Martón espera para saber qué hacer con su tía. La mujer no sabe todavía qué ha decidido el comité ético de la empresa Mapfre/Quavitae, que ya ha estudiado su caso, según informó el lunes a este periódico uno de sus miembros. No se ha planteado cambiarla de centro, sino tomar una decisión mucho más radical -y complicada para ella-: pedir el alta voluntaria y llevarse a su casa la anciana. Ahí ya buscaría los cuidados paliativos que requiere. Pero la idea tiene un problema. "Mi casa solo tiene un dormitorio, pero ya he hablado con mis hijos para que mi marido, que tiene cáncer y está recibiendo quimioterapia, se vaya con uno de ellos", ha dicho a este periódico.
La única notificación que recibió ayer de la residencia fue que acredite que es la tutora de su tía. La petición sorprende, porque la mujer se ha hecho cargo de todos los asuntos de su tía desde 2006, y en aquella fecha, la anciana ya estaba en la residencia.
El País, 3/08/2011
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