Debe elogiarse la determinación con que los responsables de la Junta de Andalucía han hecho cumplir la ley, en el caso de la paciente que reclamaba la retirada de la sonda nasogástrica que la alimentaba artificialmente tras sufrir un infarto cerebral masivo. Como cabe considerar un ejemplo de coraje cívico la firme defensa hecha por el hijo del derecho de su madre a que se respete su voluntad y no se prorrogue artificialmente una vida que ya no es tal.
Lo lamentable es que en situaciones donde el final de la vida está próximo, algunos médicos y autoridades sanitarias sigan poniendo sus concepciones morales personales por encima de un ejercicio racional y humanitario de la medicina, causando sufrimientos injustos a pacientes y familiares. Como los causados a la sobrina y tutora legal de Carmen López Domínguez, una anciana de 91 años internada en un centro de la Comunidad de Madrid, que ante el estado irreversible de su tía solicitó que le retiraran la sonda nasogástrica, la desataran de la cama a la que estaba sujeta y que, en todo caso, la alimentaran de forma natural. Solo una denuncia ante el juzgado pareció convencer a los médicos del absurdo de aplicar tratamientos incapaces de curar y contrarios al bienestar que debe procurarse a la persona al final de su vida.
A algunos sectores, influenciados sobre todo por la Iglesia, les suena a eutanasia todo lo relacionado con una muerte digna y sin dolor. A ello se añade que no pocos médicos siguen sin aceptar la autonomía del paciente, a pesar de haber sido reconocida como un derecho por una ley promovida por el Gobierno del PP en 2002. Las diversas normas autonómicas sobre una muerte digna, entre ellas la andaluza, como el proyecto de ley estatal sobre la materia remitido al Congreso, tienen un gran objetivo: garantizar al máximo esa autonomía en los momentos más difíciles de la existencia del paciente.
El País, 27/08/2011
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