Un hito de la lucha por el derecho a decidir

La demanda interpuesta por los autodenominados grupos provida de Huelva, pretendiendo que el juez ordene la recolocación de la sonda de alimentación artificial a Ramona Estévez, responde al estricto cumplimiento de las directrices episcopales. Resulta evidente que el objetivo de estos grupos confesionales, y el de la jerarquía eclesial que los incita a intentar una intervención judicial contraria a derecho, no es solo combatir torticeramente la ley de muerte digna de Andalucía sino, sobre todo, castigar pública y ejemplarmente al hijo de Ramona, José Ramón Páez, por tener la valentía de defender el derecho de su madre a no querer ser alimentada artificialmente. Se trata de añadir más sufrimiento al dolor que ya siente la familia de Ramona, de intentar sembrar remordimientos donde sólo cabe la paz de haber actuado benéfica y respetuosamente con los deseos de Ramona. Nada inquieta a estos presuntamente caritativos defensores de la vida el sufrimiento de este ciudadano que, obligado a interrumpir el acompañamiento final de su madre, ha tenido que presentarse a declarar ante el juez. Este sufrimiento añadido, injusto e injustificable, no se borrará por la decisión judicial de no ceder a la petición de los denunciantes y no violentar su derecho a decidir, pero al menos permitirá sostener la confianza en que existe la justicia.

Lo que de verdad pretenden la jerarquía católica y sus organizaciones instrumentales con estos actos es seguir metiendo miedo a los ciudadanos para convertirlos nuevamente en súbditos dóciles de su pretendido magisterio moral.

Debemos decirlo muy claramente: la actuación de José Ramón Páez y la de Dolores Martón en representación de su madre y tía respectivamente, defendiendo su derecho a decidir sobre su propia existencia, sobrepasa con mucho el ámbito de lo privado y se convierte, gracias a su valor y determinación, en un hito de la lucha ciudadana por el derecho de autodeterminación que, pese a estar formalmente reconocido en las leyes sanitarias, sigue conculcándose a diario en nuestros hospitales y nuestros asilos, donde profesionales que aúnan a su soberbia su ignorancia de los derechos que asisten a sus pacientes siguen imponiendo su criterio ético a ciudadanos a los que creen indefensos.
Desde hoy las ciudadanas y ciudadanos de este país saben que no están obligados a ceder al autoritarismo de sanitarios nada ejemplares que les sometan a chantaje moral desde su posición pretendidamente superior. Gracias a la acción ejemplar de Dolores y José Ramón que ha encontrado eco y difusión en medios de comunicación social, todos saben que, pese a quien pese, las leyes les reconocen el derecho a decidir sobre su persona y que siempre nos tendrán a su lado para ayudarles en la defensa de este derecho.

Luis Montes es médico y presidente de la Asociación Federal Derecho a Morir dignamente (AFDMD). Fernando Soler es médico y secretario de Derecho a Morir Dignamente DMD-Madrid.

El País, 28/08/2011