En los últimos años los médicos hemos tenido que reconocer que
nuestra práctica podía beneficiarse de lo que podían enseñarnos
profesionales de otras disciplinas y, entre muchos otros, hemos tenido
que aprender cosas que nos contaban los gestores. Hasta tal punto que la
gestión clínica se ha convertido en algo de lo que ningún médico puede
ser ignorante y a lo que algunos hemos tenido que dedicar una parte
importante de nuestro tiempo de trabajo.
Los últimos acontecimientos en política sanitaria, que se han dado de un modo más agudo en la Comunidad de Madrid pero se están produciendo en todo el país, me llevan a pensar que a los políticos y economistas que están dictando las pautas en todas las áreas de la vida social —entre otras la sanidad— podría venirles bien aprender algunas cosas de las que podemos enseñarles los médicos.
Práctica basada en las pruebas. Hace ya muchos años que ni la comunidad profesional ni la sociedad admiten que la práctica de los médicos se base en las intuiciones de estos ni en fórmulas que mantienen en secreto. Los médicos hemos de justificar nuestras decisiones clínicas en base a las pruebas acumuladas por nuestros colegas y publicadas en la literatura científica de que lo que vamos a hacer es eficaz.
Algo así debería ser exigible a los que toman las decisiones políticas y económicas en nuestra sociedad. Sin embargo no solo no hay ninguna prueba de que la premisa mayor de nuestros gobernantes —que la gestión privada abarata los costes sin mermar la calidad de la asistencia sanitaria— sea cierta, sino que —como no nos hemos cansado de repetirles los médicos— lo que hay es bastante evidencia de que las instituciones con ánimo de lucro proporcionan (como por otra parte es lógico) una atención de mayor coste y menor calidad que la que proporcionan instituciones, públicas o privadas, que no lo tienen.
Nos están pidiendo que cambiemos un sistema que funciona por otro que no hay ninguna prueba de que pueda hacerlo.
Consentimiento informado. También hace muchos años que a los médicos se nos exige que antes de someter a un paciente a una intervención le pidamos un consentimiento informado. Esto quiere decir que le preguntemos si efectivamente quiere someterse a ella una vez que le hemos expuesto por escrito y verbalmente cuáles son los beneficios que cabe esperar de la intervención que proponemos, cuáles son los riesgos y los efectos secundarios y cuáles son los beneficios, riesgos y efectos secundarios de otras intervenciones alternativas y las de no hacer ninguna intervención.
Llama la atención que nuestros gobernantes no solo no nos hayan dado ninguna información que permita apoyar lo que dicen, sino que estén ocultando activamente los datos. Y mucho más que no solo no nos hayan pedido el consentimiento ni a los profesionales ni a la ciudadanía, sino que parezcan dispuestos a hacer una intervención radical e irreversible teniendo unánimemente en contra al colectivo que tiene alguna información: el de los profesionales que nos hemos visto por primera vez en mi memoria unidos por encima de especialidades e ideologías.
Responsabilidad. Otra de las cosas que los médicos hemos aprendido en la segunda mitad del siglo XX ha sido que hemos de hacernos responsables ante nuestros pacientes y ante la sociedad de nuestras decisiones y de nuestros errores. Si un médico comete un error o una negligencia y, pretendiendo producir un beneficio, causa un mal, debe responder de ella civilmente con su patrimonio y penalmente con su libertad.
¿Por qué con los políticos y los economistas no ha de pasar lo mismo? ¿Por qué los que tomaron las decisiones que han llevado al país a la bancarrota no solo no han de responder, como nosotros, con su patrimonio y con su libertad sino que cobran indemnizaciones millonarias al cesar en sus cargos? ¿Quién se empeñó en inaugurar los siete hospitales que ahora creen insostenibles para el sistema público? Se lo cobraron, por lo menos en votos. ¿Por qué ellos no tienen que responder de lo que hicieron como nosotros?
Alberto Fernández Liria es Director del Área de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Príncipe de Asturias.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/22/madrid/1356182753_017092.html
Los últimos acontecimientos en política sanitaria, que se han dado de un modo más agudo en la Comunidad de Madrid pero se están produciendo en todo el país, me llevan a pensar que a los políticos y economistas que están dictando las pautas en todas las áreas de la vida social —entre otras la sanidad— podría venirles bien aprender algunas cosas de las que podemos enseñarles los médicos.
Práctica basada en las pruebas. Hace ya muchos años que ni la comunidad profesional ni la sociedad admiten que la práctica de los médicos se base en las intuiciones de estos ni en fórmulas que mantienen en secreto. Los médicos hemos de justificar nuestras decisiones clínicas en base a las pruebas acumuladas por nuestros colegas y publicadas en la literatura científica de que lo que vamos a hacer es eficaz.
Algo así debería ser exigible a los que toman las decisiones políticas y económicas en nuestra sociedad. Sin embargo no solo no hay ninguna prueba de que la premisa mayor de nuestros gobernantes —que la gestión privada abarata los costes sin mermar la calidad de la asistencia sanitaria— sea cierta, sino que —como no nos hemos cansado de repetirles los médicos— lo que hay es bastante evidencia de que las instituciones con ánimo de lucro proporcionan (como por otra parte es lógico) una atención de mayor coste y menor calidad que la que proporcionan instituciones, públicas o privadas, que no lo tienen.
Nos están pidiendo que cambiemos un sistema que funciona por otro que no hay ninguna prueba de que pueda hacerlo.
Consentimiento informado. También hace muchos años que a los médicos se nos exige que antes de someter a un paciente a una intervención le pidamos un consentimiento informado. Esto quiere decir que le preguntemos si efectivamente quiere someterse a ella una vez que le hemos expuesto por escrito y verbalmente cuáles son los beneficios que cabe esperar de la intervención que proponemos, cuáles son los riesgos y los efectos secundarios y cuáles son los beneficios, riesgos y efectos secundarios de otras intervenciones alternativas y las de no hacer ninguna intervención.
Llama la atención que nuestros gobernantes no solo no nos hayan dado ninguna información que permita apoyar lo que dicen, sino que estén ocultando activamente los datos. Y mucho más que no solo no nos hayan pedido el consentimiento ni a los profesionales ni a la ciudadanía, sino que parezcan dispuestos a hacer una intervención radical e irreversible teniendo unánimemente en contra al colectivo que tiene alguna información: el de los profesionales que nos hemos visto por primera vez en mi memoria unidos por encima de especialidades e ideologías.
Responsabilidad. Otra de las cosas que los médicos hemos aprendido en la segunda mitad del siglo XX ha sido que hemos de hacernos responsables ante nuestros pacientes y ante la sociedad de nuestras decisiones y de nuestros errores. Si un médico comete un error o una negligencia y, pretendiendo producir un beneficio, causa un mal, debe responder de ella civilmente con su patrimonio y penalmente con su libertad.
¿Por qué con los políticos y los economistas no ha de pasar lo mismo? ¿Por qué los que tomaron las decisiones que han llevado al país a la bancarrota no solo no han de responder, como nosotros, con su patrimonio y con su libertad sino que cobran indemnizaciones millonarias al cesar en sus cargos? ¿Quién se empeñó en inaugurar los siete hospitales que ahora creen insostenibles para el sistema público? Se lo cobraron, por lo menos en votos. ¿Por qué ellos no tienen que responder de lo que hicieron como nosotros?
Alberto Fernández Liria es Director del Área de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Príncipe de Asturias.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/22/madrid/1356182753_017092.html
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