LUIS MONTES: “TODOS SABEMOS CÓMO QUEREMOS MORIR”
El doctor Luis Montes (Salamanca, 1949) habla del que quizá sea el mayor tabú de nuestra sociedad con la naturalidad y la convicción de un profesor en medio de la lección que ha dado cien veces. Recién jubilado, el médico que hace nueve años centró el protagonismo mediático y judicial del caso de las supuestas sedaciones irregulares del Hospital Severo Ochoa de Leganés –finalmente archivado, una vez probada su inocencia- centra ahora sus esfuerzos en presidir la Asociación Derecho a Morir Dignamente.
El doctor Luis Montes (Salamanca, 1949) habla del que quizá sea el mayor tabú de nuestra sociedad con la naturalidad y la convicción de un profesor en medio de la lección que ha dado cien veces. Recién jubilado, el médico que hace nueve años centró el protagonismo mediático y judicial del caso de las supuestas sedaciones irregulares del Hospital Severo Ochoa de Leganés –finalmente archivado, una vez probada su inocencia- centra ahora sus esfuerzos en presidir la Asociación Derecho a Morir Dignamente.
“Morimos muy mal porque no planificamos la muerte”
El “pacto de silencio con la muerte”: así define Montes la forma de afrontar el final de la vida en nuestra sociedad. Una situación que recuerda al desenlace de Iván Ilich en la obra maestra de Tolstói: “Se trata de ser tú el protagonista, sabiendo que el proceso es irreversible. Difícilmente Iván Ilich, igual que el ciudadano actual, puede tener una buena muerte cuando no existe la comunicación ni la despedida. La toma de decisiones siempre se deja en manos de terceros”.
Porque, como dice Montes, es imposible morir bien si no se acepta el hecho de que la vida no es eterna. Pero, aun así, ¿puede ser buena una muerte? “La buena muerte tiene que ser, en primer lugar, inevitable -cualquier muerte evitable no querida no es buena, a menos que sea una muerte voluntaria-, que curse con prontitud […], que nosotros la protagonicemos […] y que sea asumiendo que forma parte de la vida”, afirma él.
Según el presidente de DMD, en España “morimos muy mal porque no hemos planificado la muerte”. Por ello, el objetivo de la asociación que preside consiste en “abrir el debate sobre la disponibilidad de la propia vida” contemplando tres supuestos -“que se permita morir pacíficamente, ayudar a morir y facilitar la muerte”-, en lugar de entrar en la guerra de tecnicismos que rodea a la eutanasia.
Permitir la muerte consiste, de acuerdo al presidente de DMD, en “no limitar el auxilio terapéutico pero, una vez llegado a un diagnóstico de irreversibilidad, retirar las medidas que se han iniciado”, evitando “aquellos tratamientos de sostén vital que lo único que hacen es alargar el sufrimiento”. Por otra parte, define la ayuda a morir como tratar “los síntomas y signos de la muerte que cursan con un intenso sufrimiento. […] Un tratamiento que puede llevar al paciente a dormir profundamente hay que hacerlo”. Finalmente, el último supuesto que contempla Luis Montes a la hora de decidir sobre la propia muerte es facilitar la llegada de esta: “si deseamos la muerte es porque el bien graciable de la vida se ha convertido en un mal indeseable y queremos apearnos”. Con estos puntos de partida, la asociación ofrece “para aquel socio que lo solicita, ayuda a morir”.
La decisión de finalizar la propia vida debe para Montes, expresarse de forma reiterada, aunque sin necesidad de complejos trámites burocráticos: “No estamos hablando de un proceso terminal que tuviera una recuperabilidad y nos hemos equivocado. No es que lo visitemos dentro de cinco años y digamos «qué bien, qué decisión más acertada». Esa decisión va a conducir a una muerte terrible”.
“El Caso Leganés fue un torpedo a la línea de flotación de la sanidad pública”
“Al final, me muero bien o mal dependiendo de la relación médico-paciente que tenga con el médico que me toque, dependiendo de la sensibilidad de ese médico”, asegura Montes. Fue precisamente esa relación médico-paciente en el final de la vida la que se puso en tela de juicio en 2005, cuando se acusó al propio Montes y a sus compañeros en las Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés que él coordinaba de la sedación irregular de hasta 400 pacientes que supuestamente habían dado lugar al fallecimiento de los enfermos.
El caso, que comenzó con una denuncia anónima a la que el entonces consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, dio crédito, saltó a la arena pública por el protagonismo que le dieron los medios de comunicación conservadores, quienes colocaron a Luis Montes como principal objeto de las acusaciones: “desde marzo hasta agosto no se hablaba en las primeras páginas más que de homicidios, de las comisiones de investigación, de sedaciones excesivas e irregulares, de los no consentimientos informados, las irregularidades administrativas…” Tras pasar por los tribunales, la causa quedó archivada y, posteriormente, confirmada la inocencia del personal del centro, eliminándose “del auto de archivo que en el Severo Ochoa hubo malas prácticas médicas”.
Pero, en cierta medida, el daño ya estaba hecho: “Nosotros lo teníamos claro desde el principio, esto es otra cortina de humo para tirar otro torpedo a la línea de flotación de la sanidad pública”. A pesar de las resoluciones de la Justicia, la administración madrileña acabó con el equipo que había trabajado con Montes, no renovando a quienes habían trabajado con él y nombrando, a su juicio, “a un coordinador de urgencias y jefe de intensivos claramente para destrozar todo lo que se había implementado”.
Esta línea de actuación no se circunscribió a las Urgencias, sino que afectó a todo el hospital y, por ende, a las poblaciones a las que servía: “Ellos no esperaban un apoyo de la población y el resultado fue todo lo contrario: a los diez días hubo una manifestación inmensa de apoyo al hospital. Porque, para todos los ciudadanos de Leganés, la apertura del Hospital Severo Ochoa había sido una lucha permanente. […] Y se convirtieron también en protagonistas del castigo”.
Desde entonces, según Montes, al hospital “lo han tratado con la soberbia y la inquina con la que trata la derecha de este país, como diciendo «os vais a enterar»: cambio de médicos y de enfermeras, medidas de presión y de miedo a todos los trabajadores que defendían el hospital, nombramiento de nuevos jefes de servicio de confesionalidad clara -estoy hablando del Opus Dei y militancia activa en el PP- y no implementación de mejoras de servicio, sino al revés, recortes”.
Personalmente, la reincorporación al puesto de trabajo no fue fácil. Sin embargo, explica él, “no tenía otro remedio. No soy rico de familia y tenía plaza como funcionario. Ellos abrieron un expediente administrativo pero, cuando la Justicia archiva la causa, ésta queda por encima y yo me tuve que incorporar. […] Ni iba a pedir el traslado de hospital, ni me iba a poner a trabajar en la privada, que no lo he hecho nunca”. A pesar de todo, Montes siente como “un honor” haber desarrollado la mayor parte de su vida profesional en el hospital, al que se incorporó desde su apertura en 1986 y del que se considera, desde la distancia que aporta la jubilación, “un barón”.
“El Severo Ochoa abrió el movimiento de las mareas”
Luis Montes entiende que aquel conflicto tradujo una serie de intereses para los que, desde entonces hasta ahora, el gobierno popular de la Comunidad de Madrid ha trabajado y que “responde a una estructura ideológica, económica y política”.
En el primer sentido, coloca la intención manifestada por el PSOE en 2004 de “despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido”, apoyado en acontecimientos que habían colocado el tema en la agenda pública como el caso de Ramón Sampedro o las películas Million Dollar Baby y Mar adentro. El Partido Popular, sin embargo, “no aceptó nunca la pérdida del poder y, desde el primer momento, estuvieron de francotiradores en las azoteas contra lo que se movía”, entiende Montes.
La segunda razón, “quizá la más importante” según él, respondió a que la Comunidad “tenía ya implementado un plan de privatización. Habían empezado a capitalizar la empresa privada con derivación de enfermos y había salido ya el modelo de la Comunidad Valenciana”. Durante el tiempo que duró el llamado Caso Leganés, “se cedió suelo público y se inició la construcción de los ocho hospitales que han querido privatizar”. Por último, Montes dice que el Severo Ochoa, en una ciudad tradicionalmente gobernada por la izquierda, era visto como “un hospital de rojos” por el PP madrileño, lo que dio lugar a una “política de desgaste” contra el centro y el municipio.
Esta mirada crítica a la administración madrileña de la sanidad Montes la extiende al resto de proyectos de privatización que han desarrollado los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González: “Lo público para ellos es el demonio, público igual a mierda. Un servicio envidiable y prestigioso a nivel internacional, como era el servicio público de salud español, ha sido acotado al no implementar las necesidades que había y derivando pacientes a la privada”. Y, a pesar de las últimas decisiones de la Justicia, no cree que la sanidad pública haya quedado a salvo, pues entiende que los interesados en ese proceso esperarán a “otra coyuntura” para volver a ponerlo sobre la mesa.
“Espero que los ciudadanos sigamos resistiendo y oponiéndonos y que les lleve un coste como el que supuso la eliminación del mejor servicio público que había: el inglés, por parte de la señora Thatcher, de cuatro legislaturas de pérdida de poder, hasta que ha llegado el señor Cameron. Espero que esa factura sea correspondida también en este país y que los que tengan próximamente el poder -que espero que no sea el bipartidismo, sino una situación mucho más amplia- reconstruyan y remodelen los servicios públicos”, concluye.
En lo que a él respecta, Montes considera que, al menos, el caso Leganés aportó su grano de arena en ese sentido: “abrió el movimiento de las mareas, de lo cual me siento muy orgulloso, y ha abierto el debate de la disponibilidad de la propia vida en este país. Han abierto el melón y se lo van a comer, y también me siento orgulloso de darles varias rodajitas de ese melón para que se lo coman”.
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