El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves la proposición de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en su proceso de muerte, conocida como Ley de Muerte Digna, a iniciativa del coordinador general de Izquierda Unida de Aragón (IU) y diputado autonómico, Adolfo Barrena. PSOE, PAR y CHA han apoyado la mayor parte del texto, mientras que el PP ha hecho lo contrario.
Aragón es la segunda comunidad autónoma que regula esta materia, a expensas de que las Cortes Generales tramiten, en los próximos meses, un proyecto de ley del Gobierno central del socialista José Luis Rodríguez Zapatero sobre cuidados paliativos y muerte digna.
En el caso aragonés, esta nueva norma desarrolla el Estatuto de Autonomía, reformado en 2007. En concreto, la nueva Ley regula algunos de los aspectos enunciados en el artículo 14 de la norma institucional básica aragonesa, dedicado al derecho a la salud y que reconoce el derecho del paciente a ser informado de sus derechos, la especial protección del denominado "consentimiento informado" y el derecho a expresar la voluntad, "incluso de forma anticipada", sobre las intervenciones y los tratamientos que desee recibir.
En su intervención, Adolfo Barrena, coordinador de la Ponencia que ha trabajado sobre el texto y las enmiendas, ha señalado que esta ley es "de derechos, de garantías, de obligaciones", en el sentido de que su aprobación protegerá a los pacientes en proceso de muerte ante cualquier negativa de los facultativos a respetar su voluntad si colisiona con su moral personal y profesional.
Con esta Ley "se da un paso", ha reconocido Adolfo Barrena, quien ha lamentado que se hayan restringido algunos preceptos que recogía el texto inicial, de IU, antes de que se le incorporaran las enmiendas de los Grupos.
De la objeción de conciencia, que el PP ha invocado para proteger a los facultativos que rechacen la aplicación de la norma, Barrena ha expresado que "está reconocida por la Constitución" de 1978, pero ha precisado que el ordenamiento jurídico no regula su ejercicio por parte de empleados públicos, tras lo que ha considerado que si un ciudadano trabaja para la sanidad pública debe comprometerse a participar en la prestación de toda la cartera de servicios como le corresponda.
El socialista Eduardo Alonso ha indicado que "no partimos de cero", sino que en 2007 el Gobierno central ya incorporó a la cartera de servicios los cuidados paliativos. En 2008 se impulsó la universalización de los cuidados paliativos en toda España, tanto en el domicilio como en los centros de atención primaria, ha dicho.
Alonso ha felicitado a todos los profesionales sanitarios, especialmente los que atienden a los enfermos cuando afrontan el proceso de muerte y ha reivindicado "el derecho a morir con dignidad" y a evitar los "sufrimientos innecesarios", tras lo que ha subrayado su apoyo al código deontológico de los profesionales de la salud.
La presidenta de Chunta Aragonesista (CHA), Nieves Ibeas, ha defendido el respeto al derecho asistencial, al rechazo de una intervención, la sedación paliativa, la intimidad personal y el acompañamiento en el proceso de muerte, en definitiva, "el respeto a los valores vitales de la persona" para garantizar a cada persona "la plena dignidad" y "el respeto escrupuloso" a su voluntad.
El diputado del PAR, Javier Callau, ha rechazado tanto la eutanasia -que esta Ley no regula--, como la "distanasia", también conocida como encarnizamiento terapéutico, frente a las cuales ha defendido la "ortotanasia", es decir, "la muerte digna", precisamente la materia que se ha regulado hoy.
El portavoz sanitario del Grupo Popular, Ricardo Canals, ha dicho que "esta Ley no aporta nada relevante" que no esté ya contemplado en la legislación autonómica y estatal, tras lo que ha indicado que los profesionales sanitarios continuarán guiándose por la 'Lex Artis', el código deontológico médico. "No nos gusta esta Ley", ha aseverado.
Canals ha señalado que ya está regulada la atención "digna" de los enfermos terminales y se ha preguntado si "no se contemplan" en el ordenamiento jurídico otras medidas como los cuidados paliativos. "Todo esto está ya recogido", ha recalcado.
El dirigente del PP ha lamentado que la Ley no recoja "nada de nada" respecto al derecho a la objeción de conciencia y ha indicado que, próximamente, el Gobierno de España tiene intención de presentar, en las Cortes Generales, un proyecto de ley de cuidados paliativos y muerte digna.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
La proposición de ley aprobada reconoce, en el ámbito aragonés, el derecho al consentimiento informado, es decir, que cada ciudadano que afronte el proceso de muerte en un centro sanitario, sea público o privado, tiene derecho a ser informado sobre su pronóstico, así como los tratamientos e intervenciones que se le puedan aplicar y, en función de su voluntad personal, podrá autorizarlos o rechazarlos. Los profesionales sanitarios estarán obligados a informar a los enfermos y deberán respetar su voluntad, independientemente de que, moralmente, la voluntad del enfermo o su representante, si el afectado no es dueño de sí mismo, coincida o no con la del profesional. No se regula el derecho a la objeción de conciencia.
La Ley actualiza la normativa sobre el Registro de últimas voluntades, que tiene carácter autonómico y público. Lo custodia el Gobierno de Aragón y los profesionales sanitarios podrán acceder al mismo desde cualquier centro sanitario, sea público o privado, de la comunidad autónoma, como herramienta para garantizar el respeto a la voluntad del paciente.
La Ley protege, asimismo, las últimas voluntades de los menores emancipados, que en el caso de Aragón, por mor del Derecho Civil Foral, pueden serlo a partir de los 14 años.
La nueva norma dispone la creación de Comités de Ética en cada uno de los ocho sectores sanitarios en que se divide la Comunidad Autónoma. Estos Comités valorarán los casos más complicados. También se crea un Comité de Bioética de Aragón para analizar el tema en función de los avances médicos y la ética.
Los pacientes tienen derecho a la sedación paliativa y a recibir tratamiento para mitigar su dolor. Todos los enfermos terminales tienen derecho a recibir cuidados paliativos incluso en el domicilio de su elección.
Asimismo, se protege el derecho a la intimidad, incluyendo la protección de los datos sanitarios relativos a su proceso de muerte. La Ley reconoce el derecho al auxilio espiritual. Los pacientes terminales podrán utilizar habitaciones individuales.
DEBERES
Los profesionales sanitarios deberán informar a los pacientes sobre su situación real, pronóstico y posibles tratamientos o intervenciones, así como sus derechos. Deberán respetar los valores y creencias de los pacientes. Los profesionales sanitarios evitarán la "obstinación terapéutica", también conocida como encarnizamiento terapéutico.
http://www.europapress.es/salud/asistencia-00670/noticia-aragon-aragon-aprueba-ley-muerte-digna-20110324135513.html
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