Dr. Luis Montes. Presidente de la Asociación derecho a morir dignamente
Protagonista de uno de los mayores escándalos sanitarios de la última década, el doctor Luis Montes, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (AFDMD), dio el salto a la primera plana de la actualidad en 2005 cuando, ostentando el cargo de jefe del Servicio de Urgencias del Severo Ochoa de Leganés, fue acusado de haber provocado más de cuatrocientas muertes –hechos de los que sería exculpado en 2007–. Esta tarde –20.00 horas en el campus de Esteiro– invitado por la asociación Fuco Buxán, visita Ferrol para hablar sobre los derechos al final de la vida. —El Gobierno ha anunciado que regulará por ley el derecho a la muerte digna de los enfermos.
—La información que tenemos todas las asociaciones es la que hemos leído en la prensa. Hay como un secreto sumarísimo, nadie sabe nada de nada. Por expresiones que ha habido en medios de comunicación y hasta en la misma rueda de prensa que dio el vicepresidente Alfredro Pérez Rubalcaba después del Consejo de Ministros celebrado antes de las vacaciones de Navidad, no se intuía nada en relación con la eutanasia. Después de la aprobación en el Parlamento de Andalucía de la Ley de Garantías y Derechos de las Personas en el Proceso Final de la Vida o Muerte Digna, –en el Parlamento de Aragón y de Navarra se están discutiendo normas parecidas–, me da la impresión de que el gobierno está obligado a regular a nivel de estado porque se daría la paradoja en un tiempo, y no a medio plazo, de que unas autonomías tuvieran un desarrollo de la Ley de Autonomía del Paciente más particular que otras y cabría la posibilidad de que en una Comunidad se muriera mejor que en otras. Por otra parte no aprovechar la ocasión para empezar a abrir el debate de una manera tranquila y sosegada sobre la eutanasia y el suicidio asistido o médicamente asistido me parece grave.
—El Ejecutivo insiste mucho en que no es una ley de eutanasia ¿Cuál sería la diferencia?
—Pues no modificar el marco jurídico que tenemos, con lo cual de las conductas eutanásicas que no están penalizadas tendríamos el permitir la muerte, el ayudar a morir –la omisión en situaciones de fracaso activo y evitar la obstinación terapéutica– y el derecho de ayudar a morir que es el tratamiento de los síntomas que presentan los pacientes en la agonía que sería la sedación, el proceso final de la vida o morir dormido. Si ese marco despenalizado se particulariza y se concreta pues sería un avance. Por otra parte el desarrollo de los cuidados paliativos a nivel nacional es bastante heterogéneo y han surgido a nivel del sector público por iniciativas de servicios concretos que lo han desarrollado. Fuera del servicio público, la mayoría de ellos están en manos de organizaciones religiosas. Si queda claro que la sanidad pública se tiene que hacer cargo de los cuidados paliativos ya es un avance para el cumplimiento de derechos que tenemos los ciudadanos en una sociedad aconfesional.
—¿Qué alternativas tiene una persona en el proceso final de su vida?
—Tiene derecho a una información médica lo más cercana y entendible posible; tiene derecho a que la información que recibe de los profesionales sanitarios no sea coactiva ni persuasiva, y sea asequible; que el centro de la toma de decisiones sea el ciudadano. Tiene derecho al rechazo de cualquier tipo de tratamiento una vez conozca todas las alternativas posibles. Ahí esta por ejemplo el caso de Inmaculada Echevarría, que estaba con un tratamiento de sostén vital para seguir su enfermedad y decidió que le fuera retirado el respirador que la mantenía con vida. Tiene derecho a dejar unas instrucciones previas para el proceso final de la vida, en caso de no ser autónomo y competente. Habría que hacer una gran pedagogía de ello y obligar al sistema sanitario público a informar de los derechos que tiene y a sugerir que vayan decidiendo cómo participar en ese proceso final de la vida a través del testamento vital. Y tiene derecho en el proceso de la agonía, si es sintomático y con intenso sufrimiento, a solicitar ser dormido.
—Las opciones de cada enfermo ¿son diferentes según el territorio?
—Sí, en Andalucía sí se obliga a los profesionales a evitar la obstinación y el “encarnecimiento terapéutico”. Si el enfermo lo ha solicitado se debe procurar una sedación paliativa terminal y morir dormido. Si el paciente desea morir en su casa, que esté acogido y con una asistencia adecuada de cuidados paliativos. Esos derechos, comparándolos con la Comunidad de Madrid, no están particularizados, no están en ley. A nivel genérico son principios de la Ley de Autonomía del Paciente pero en el desarrollo que se hizo de instrucciones previas en la Comunidad de Madrid se dice que, al final de todo, depende del médico que te toque que haga objeción de conciencia o no. En la ley de Andalucía se habla hasta de sanciones al médico que no procure esas buenas prácticas, que regula en un marco de desarrollo de competencias que tiene la comunidad autónoma andaluza. Esas diferencias llevan a que, si tú lo solicitas y es tu voluntad, puedas morir mejor en Andalucía que en Madrid.
—Todavía se desconoce entonces si estas cuestiones van a estar recogidas en la nueva ley estatal.
—Sí, no conocemos el preámbulo ni tampoco el porqué de esta norma. Y cuando una ley va a ser discutida en las Cortes es una proposición de marco jurídico, se tienen que explicar las causas. ¿Qué causas hay para una ley sobre muerte digna? Pues que en este país se muere de pena.
—¿Considera que hubo un retroceso en la lucha por estos derechos tras su caso?
—Sí, yo creo que sí, el proceso de la crisis del Severo Ochoa, lo que nosotros llamamos “caso Lamela” ha tenido sus consecuencias. En un proceso natural como era tratar los síntomas de la muerte, ha habido mucha retracción por parte de los profesionales sanitarios, fundamentalmente por miedo, y ha tenido sus consecuencias en la Comunidad Autónoma de Madrid. Mucha de la información que nos llega de todo el territorio español es que se muere mucho peor. Pero, por otra parte ha llevado al desarrollo de la ley de muerte digna de Andalucía; posiblemente a que se debata esta proposición de ley en el Parlamento; y ha llevado a los ciudadanos a un ¡basta ya! El caso de Leganés ha servido para abrir y profundizar en el debate de la disponibilidad de la propia vida.
—¿Por qué cree que hay tantas reticencias a crear una ley de la eutanasia o cuando menos a abrir un debate sobre la misma?
—En el debate solo hay dos posturas: los que defendemos la autonomía, que creo que somos mayoría; y los que defienden que la vida es un don recibido por un amigo invisible y que lo que tenemos que hacer es preservarla, gestionarla y que ya nos llegará la hora, que no podemos decidir nosotros. Que no se quiera abrir este debate es por miedo, por toda la historia de la cultura judeocristiana de la unión del Estado y de la Iglesia, y con la Iglesia hemos topado. Y para la iglesia jerárquica, el aceptar que los ciudadanos tengamos capacidad de decidir sobre nuestra propia vida, es como un torpedo en la línea de flotación que representa la sumisión y los súbditos que ellos necesitan para seguir con su ideología confesional.
—Por tanto estar en contra o a favor sería una cuestión de fe.
—En todas las religiones de cualquier orden monoteísta existe un dios que es el creador de la vida y la vida no es nuestra, es de Dios, que nos la da o no, y son los grandes enemigos al proceso de toma de decisiones al final de la vida. No podemos dimitir de esta vida, sea gozosa, loable u horrible. Nos toca bailar con la que tenemos. Las posturas que se basan en el principio del bien intrínseco de la vida en definitiva, son una derivación más de asumir la sociedad de derecho bajo un principio de confesionalidad y religión.
—¿Cuál es la postura de los profesionales sanitarios?
—En todas las encuestas de opinión, más del 70% de los profesionales sanitarios, hay que ver las condiciones, están por apoyar las peticiones voluntarias y solicitadas de la muerte ayudada. Si el ayudar a morir sigue estando considerado como un homicidio compasivo, pues es un homicidio y está penado. Si eso se despenaliza, las buenas prácticas médicas contemplarán el ayudar a morir siempre y cuando sea solicitado.
—¿Está protegida suficientemente su figura en este proceso?
—La protección existe porque no hay que ignorar que un 3% de las muertes que existen en España –hay 380.000– son por petición de ayuda. Si hay una unidad familiar fuerte normalmente el profesional sanitario ayuda. Lo que es absurdo es tener un marco jurídico punitivo de estas actuaciones que lo único que conducen es a que nos vayamos a un espacio de oscuridad, clandestinidad, de buscarte el médico que te va a ayudar, fundamentalmente lo tienes si es un familiar tuyo o un marido pero sino conoces a nadie... Es una situación totalmente desigual e injusta y algo que es una práctica cotidiana: la eutanasia en la oscuridad.
http://www.diariodeferrol.com/index.php/periodico-impreso/ferrol/16252-b-noticia
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